Los derechos de los niños son nuestra responsabilidad
Un niño no elige el mundo en el que crece. No decide las leyes que lo protegen, las oportunidades que recibe ni el entorno en el que se desarrolla. Esa responsabilidad recae en los adultos: en las familias que le cuidan, en las instituciones que garantizan su bienestar y en una sociedad que debe velar por su protección.
Los derechos de los niños no existen en el vacío. Su cumplimiento depende del compromiso de todos: padres, educadores, gobiernos y comunidades. La Convención sobre los Derechos del Niño no solo establece garantías para la infancia, sino también las responsabilidades de quienes deben protegerlas.
Los artículos que nos interpelan
Los artículos 3, 5 y 18 de la Convención destacan el papel fundamental de los adultos en la vida de los niños y cómo deben actuar en su mejor interés:
- Artículo 3: en todas las decisiones que afecten a los niños, debe prevalecer su interés superior. Esto aplica a familias, gobiernos y cualquier entidad encargada de su bienestar.
- Artículo 5: reconoce el papel de las familias y comunidades en la orientación y crianza de los niños, siempre respetando sus derechos.
- Artículo 18: subraya que la crianza de los niños es una responsabilidad compartida entre las familias y los Estados, que deben proporcionar apoyo adecuado a los padres o cuidadores.
Estos artículos nos recuerdan que garantizar los derechos de los niños no es solo una cuestión de leyes, sino un compromiso real que exige acción y cooperación.
El papel de las familias
El primer entorno en el que los niños experimentan sus derechos es el hogar. Las familias juegan un papel fundamental en su desarrollo, asegurando que crezcan en un ambiente seguro, afectuoso y estimulante.
- Amor y estabilidad emocional: los niños necesitan un entorno donde se sientan queridos y protegidos.
- Orientación y valores: padres y cuidadores tienen la tarea de enseñarles a comprender y respetar sus derechos y los de los demás.
- Acceso a oportunidades: la familia debe ser el puente hacia la educación, la salud y el desarrollo pleno.
Sin embargo, no todas las familias cuentan con los recursos o el apoyo necesario para garantizar estos derechos. Ahí es donde entran en juego las instituciones.
El papel de las instituciones
Cuando la familia no puede cubrir las necesidades del niño, el sistema de protección debe intervenir para garantizar su bienestar.
- Centros de acogida: su misión es proporcionar un entorno seguro y con recursos suficientes para cubrir las necesidades de los menores.
- Educación: asegurar que todos los niños tengan acceso a una escolarización de calidad y a programas que promuevan su desarrollo integral.
- Salud: ofrecer atención médica y terapias necesarias para su bienestar físico y emocional.
Sin embargo, para muchos niños tutelados, este sistema de apoyo no siempre es suficiente. Viven en una especie de limbo, donde sus derechos están reconocidos, pero no siempre garantizados.
Menores tutelados: los olvidados de este compromiso
Los niños que crecen bajo el sistema de protección del Estado deberían recibir el mismo cuidado y las mismas oportunidades que cualquier otro niño. Pero en la práctica, esto no siempre ocurre.
- Sin voz: a menudo, las decisiones sobre su vida no se toman considerando su interés superior ni escuchando sus opiniones.
- Falta de apoyo: tanto las familias biológicas como los centros de acogida necesitan más recursos para cumplir su papel.
- Transiciones difíciles: al llegar a la mayoría de edad, muchos menores tutelados enfrentan una independencia forzada sin apoyo suficiente, lo que los expone a situaciones de vulnerabilidad.
Estos problemas no se resolverán sin un compromiso real de toda la sociedad.
El impacto del compromiso colectivo
El cumplimiento de los derechos de los niños no depende solo de las instituciones, sino de la participación activa de toda la sociedad.
- Como individuos: reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, afectan a los niños.
- Como comunidades: promover entornos seguros y de apoyo para las familias y los menores en situación de vulnerabilidad.
- Como gobiernos: implementar políticas públicas que realmente prioricen el bienestar infantil.
Cuando los adultos asumen su responsabilidad, los niños pueden crecer con las oportunidades que merecen.
El marco español: Ley de Protección Jurídica del Menor
En España, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor refuerza los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y establece un marco legal para garantizar su bienestar. Sus pilares fundamentales son:
- Interés superior del menor (Artículo 2): todas las decisiones que afecten a los niños deben priorizar su bienestar por encima de cualquier otro interés.
- Responsabilidad compartida: se reconoce el papel de las familias, pero también la obligación de las administraciones públicas de garantizar los derechos de los niños.
- Protección integral: se implementan medidas para prevenir, atender y responder a situaciones de vulnerabilidad, abuso o desprotección.
Este marco jurídico nos recuerda que los derechos de los niños no son solo compromisos internacionales, sino también obligaciones legales dentro de nuestro país.
Es momento de actuar
Cumplir con los derechos de los niños es un esfuerzo compartido. Desde garantizar una crianza amorosa en el hogar hasta mejorar los sistemas de protección para los más vulnerables, cada acción cuenta.
Cuando los adultos asumimos nuestra responsabilidad, los niños tienen la oportunidad de crecer, soñar y construir un mejor futuro. Porque proteger sus derechos hoy es la base de una sociedad más justa y equitativa mañana.